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Prostitución - Constitucionalidad y vigencia del art. 17 de la ley 12331- Prevención de la trata y discriminación de mujeres. PDF Imprimir E-mail
Jueves, 15 de Septiembre de 2011 12:20

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde la Sala confirma el procesamiento del imputado en orden al delito previsto y reprimido por el art.17 de la ley 12331 y se rechaza el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma.

Destaca la Sala que se trata de un delito de peligro, que no requiere en el caso concreto que se pruebe un daño a la salud pública, sino la mera puesta en riesgo del bien jurídico protegido por la norma, extremo que el legislador entendió se configuraba con la administración y regenteo de casas de tolerancia, no reprimiendo el simple ejercicio de la prostitución individual e independiente, siendo una norma abolicionista pues no admite la reglamentación de la prostitución y pretende suprimir los prostíbulos, a fin de resguardar la salud pública. Inclusive la propia clandestinidad de la actividad impide su salubridad, y el propio jurista Jiménez de Asúa ha sostenido que no sólo la salud pública fue objeto de protección, sino también otros intereses como la libertad personal y la integridad sexual, a lo cual debemos agregar que este tipo de delitos se encuentra estrechamente vinculado con otros, mencionados en la Resolución 39/2010 de la Procuración General de la Nación, dictada en abril de ese año, donde se exhortó a potenciar la capacidad de actuación de dicho Ministerio Público en la investigación del delito de trata de personas y sus delitos vinculados (artículos 145 bis, 145 ter, 125, 125 bis, 126, 127, 128 y 140 del Código Penal y art.17 de la ley 12331), pues el delito previsto en el art.17 de la ley 12331 se encuentra estrechamente ligado a la finalidad de explotación sexual de la trata, siendo una herramienta legislativa para atacar el fenómeno de la esclavitud sexual de las mujeres, en aras de proteger como bien jurídico, la libertad y dignidad de las personas, adscribiendo a la Argentina al sistema abolicionista que castiga al proxeneta y prohíbe todo castigo a la meretriz, desbaratando los circuitos de trata de personas con fines de explotación sexual.

En punto a la constitucionalidad del art.17 de la ley 12331, la defensa alega que habría existido una inconstitucionalidad “sobreviniente” de dicha norma, esgrimiendo que hubo cambios históricos que así lo justificarían, mas no desarrolló en concreto en la audiencia oral cuales serían los mismos, y además, no se advierte lesión alguna al artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que pudieron resultar lesionados derechos de terceros indeterminados, dada su condición de delito de peligro y mas allá de que quienes concurrieran a percibir los servicios en las casas de tolerancia, fueran allí por su propia voluntad. Es que la norma preserva la salud pública, no solo de aquellos que trabajan en las casas de tolerancia o de quienes reciben dichos servicios, sean prestados en un ámbito privado o público, sino también de los terceros con quienes éstos se relacionan.
Concluyen en que el fin primordial de la norma es la protección de la salud pública y secundariamente, la tutela de la libertad y dignidad de la mujer, lo cual se vio reforzado mediante la ratificación en 1960 (mediante ley 15768) del Convenio para represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que se centra en reprimir a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra, concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de la misma, o bien explotare la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, o mantuviere una casa de prostitución, la administrare o financie, o diere o tomare en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

Agregan que a partir de 1994, los diversos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos que se incorporaron a nuestra Constitución Nacional, conforman un bloque imperativo (art. 75 inc. 22 de la C. Nacional) siendo uno de ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 6 establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer; todo lo cual demuestra que no ha perdido vigencia la operatividad del artículo 17 de la ley 12331, sino por el contrario continúa siendo soporte de prevención de aquéllas conductas que resultaron y resultan socialmente reprobadas e íntimamente entrelazadas con otros comportamientos de relevancia jurídico penal.

Última actualización el Jueves, 15 de Septiembre de 2011 12:56